El domingo 4 de marzo se realiza una consulta popular en la Comunidad de Madrid acerca de la privatización del Canal de Isabel II.
08-02-2012 / 20:40 h EFE
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha promovido una consulta popular, que se celebrará el 4 de marzo, para conocer la voluntad de los madrileños sobre la entrada de capital privado a este empresa pública, ha informado hoy en rueda de prensa Enrique Ortega, miembro de la Plataforma.
Aquí disponéis de un mapa que indica la localización de las mesas:
Para ello, se formarán “300 o 400 mesas” -de las que ya hay organizadas “unas cien”- en “todos los pueblos y distritos” de la región para que los votantes respondan “sí” o “no” a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?”.
Pedimos colaboración máxima para la difusión de esta consulta por la importancia que tiene la privatización o no de nuestra agua, la de todos los madrileños.
ENLACE DE INTERES:
porelagua.es
domingo, 26 de febrero de 2012
miércoles, 18 de enero de 2012
Wikipedia Blackout contra la SOPA
SOPA (Stop Online Piracy Act)
El Stop Online Piracy Act (Español: Ley de cese a la piratería en línea) también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011.
Protesta "BlackOut" de Wikipedia (solo la version en ingles) contra la SOPA.
El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual. Entre estos se pueden contar por ejemplo música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de internet que permitan o faciliten el infringimiento de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:
- Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
- Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
- Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
El Stop Online Piracy Act (Español: Ley de cese a la piratería en línea) también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011.
El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual. Entre estos se pueden contar por ejemplo música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de internet que permitan o faciliten el infringimiento de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:
- Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
- Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
- Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
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